En nuestro país se le ha dado bastante importancia a este tema, se cuenta con centros especializados, escuela neuropsiquiátrica, pero estos también sufren la sobrepoblación y después de ciierto tiempo dejan de recibir el apoyo del principio, lo cual resulta en la saturación del servicio y del personal, para lo cual no pueden abarcar toda la población que recurre a ellos.
Astorga (2005) ¨Asimismo, la excesiva centralización en los servicios de salud (se ubican en la capital, San José), afecta la cobertura y calidad de la atención y rehabilitación de los niños y jóvenes con discapacidad de las zonas rurales.
En otros campos relativos a la accesibilidad, los niños y las niñas deben enfrentar los mismos problemas y las mismas situaciones de falta de accesibilidad que enfrenta el resto de la población con discapacidad. Esto es válido en lo referente transporte colectivo. El hecho de que la institución encargada con hacer cumplir lo dispuesto en transporte accesible (Ministerio de Obras Públicas y Transportes-MOPT), no haya cumplido con la ley 7600, hace que el país carezca de autobuses apropiados para personas con discapacidad, especialmente para quienes tienen comprometida su movilidad física. Esto afecta, por igual, a adultos como a jóvenes y niños.¨
Además instituciones sólo se dedican a la población adulta lo que deja de lado la infantil.Según Astorga ¨Este país centroamericano con una población de 4 millones de habitantes, cuenta con casi 400 mil personas con discapacidad; de las cuales, aproximadamente, un 21 %, son menores de 18 años.
Costa Rica, tal y como destacó el Relator Especial de Naciones Unidas en Discapacidad, el sueco Bentg Linqwist, en la visita que realizó hace dos años, posee un avanzada legislación en la materia, empero su cumplimiento es limitado; lo cual se traduce en violaciones de los derechos humanos, particularmente de derechos económicos, sociales y culturales.¨
Lo que sucede en Costa Rica para el años 1996 se promulga la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (ley número 7600), ¨que contempla una serie de disposiciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de este sector de la población. El conjunto de derechos humanos que promueve y protege este cuerpo jurídico, representan -en el plano legal- un importante paso de avance.
Tal y como está elaborada esta ley abre las puertas a la accesibilidad educativa, al empleo, a la salud y rehabilitación, al transporte público, al espacio físico y arquitectónico, a la información y la comunicación, y a la recreación, la cultura y el deporte. Sin embargo, un lustro después de su promulgación, los avances reales son tan limitados como preocupantes. Persiste una enorme brecha entre los derechos contemplados y su materialización cotidiana¨.
Además refiere que ¨el Foro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, una coalición de organizaciones no gubernamentales y personas con discapacidad, organizada en el 2000, indicó que "Los avances han sido poco profundos, reversibles y no han podido cambiar las condiciones y la calidad de vida de la inmensa mayoría de las casi 400 mil personas, que conforman la población con discapacidad en Costa Rica". Y agrega el Foro: "Tal y como señala la Defensoría de los Habitantes, seguimos constituyendo uno de los sectores poblacionales más excluidos del país".
Locual en Costa Rica se ve reflejado en el avance de la protección de cualquier tipo de agrasión o violación de los derechos de la niñez.
¨En el campo de la educación, si bien el Estado garantiza el acceso oportuno, "a las personas, independiente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior" (artículo 14, Ley 7600), este derecho se desdibuja a través de las continuas denuncias de rechazo en la matrícula a niños y jóvenes, en razón de su discapacidad. ¨ (Astorga, 2005)
Las disposiciones logradas con ello es el acceso a la eduacación pública y privada, en todos los niveles de educación, el acceso a la igualdad de oportunidades.
En torno a la ley 7600, aún resulta difícil la modificación de los accesos a infraestructuras y demás modificaciones que contempla la ley. Astorga (2005) ¨en los edificaciones educativas del Estado como privadas, dificultan enormemente y desestimulan el ingreso de niños, niñas y jóvenes con discapacidad a las aulas.También es bueno indicar que muchos educadores y educadoras son víctimas de prejuicios subestimativos contra los estudiantes con discapacidad. Al argumentar que no pueden recibirlos en sus clases, se escuchan frases como "no fuimos preparados para atender a este tipo de personas" o bien, "no contamos con el tiempo necesario para atenderlos, particularmente".
Astorga (2005) ¨Asimismo, la excesiva centralización en los servicios de salud (se ubican en la capital, San José), afecta la cobertura y calidad de la atención y rehabilitación de los niños y jóvenes con discapacidad de las zonas rurales.
En otros campos relativos a la accesibilidad, los niños y las niñas deben enfrentar los mismos problemas y las mismas situaciones de falta de accesibilidad que enfrenta el resto de la población con discapacidad. Esto es válido en lo referente transporte colectivo. El hecho de que la institución encargada con hacer cumplir lo dispuesto en transporte accesible (Ministerio de Obras Públicas y Transportes-MOPT), no haya cumplido con la ley 7600, hace que el país carezca de autobuses apropiados para personas con discapacidad, especialmente para quienes tienen comprometida su movilidad física. Esto afecta, por igual, a adultos como a jóvenes y niños.¨
Además instituciones sólo se dedican a la población adulta lo que deja de lado la infantil.Según Astorga ¨Este país centroamericano con una población de 4 millones de habitantes, cuenta con casi 400 mil personas con discapacidad; de las cuales, aproximadamente, un 21 %, son menores de 18 años.
Costa Rica, tal y como destacó el Relator Especial de Naciones Unidas en Discapacidad, el sueco Bentg Linqwist, en la visita que realizó hace dos años, posee un avanzada legislación en la materia, empero su cumplimiento es limitado; lo cual se traduce en violaciones de los derechos humanos, particularmente de derechos económicos, sociales y culturales.¨
Lo que sucede en Costa Rica para el años 1996 se promulga la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (ley número 7600), ¨que contempla una serie de disposiciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de este sector de la población. El conjunto de derechos humanos que promueve y protege este cuerpo jurídico, representan -en el plano legal- un importante paso de avance.
Tal y como está elaborada esta ley abre las puertas a la accesibilidad educativa, al empleo, a la salud y rehabilitación, al transporte público, al espacio físico y arquitectónico, a la información y la comunicación, y a la recreación, la cultura y el deporte. Sin embargo, un lustro después de su promulgación, los avances reales son tan limitados como preocupantes. Persiste una enorme brecha entre los derechos contemplados y su materialización cotidiana¨.
Además refiere que ¨el Foro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, una coalición de organizaciones no gubernamentales y personas con discapacidad, organizada en el 2000, indicó que "Los avances han sido poco profundos, reversibles y no han podido cambiar las condiciones y la calidad de vida de la inmensa mayoría de las casi 400 mil personas, que conforman la población con discapacidad en Costa Rica". Y agrega el Foro: "Tal y como señala la Defensoría de los Habitantes, seguimos constituyendo uno de los sectores poblacionales más excluidos del país".
Locual en Costa Rica se ve reflejado en el avance de la protección de cualquier tipo de agrasión o violación de los derechos de la niñez.
¨En el campo de la educación, si bien el Estado garantiza el acceso oportuno, "a las personas, independiente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior" (artículo 14, Ley 7600), este derecho se desdibuja a través de las continuas denuncias de rechazo en la matrícula a niños y jóvenes, en razón de su discapacidad. ¨ (Astorga, 2005)
Las disposiciones logradas con ello es el acceso a la eduacación pública y privada, en todos los niveles de educación, el acceso a la igualdad de oportunidades.
En torno a la ley 7600, aún resulta difícil la modificación de los accesos a infraestructuras y demás modificaciones que contempla la ley. Astorga (2005) ¨en los edificaciones educativas del Estado como privadas, dificultan enormemente y desestimulan el ingreso de niños, niñas y jóvenes con discapacidad a las aulas.También es bueno indicar que muchos educadores y educadoras son víctimas de prejuicios subestimativos contra los estudiantes con discapacidad. Al argumentar que no pueden recibirlos en sus clases, se escuchan frases como "no fuimos preparados para atender a este tipo de personas" o bien, "no contamos con el tiempo necesario para atenderlos, particularmente".
Astorga, L.F (2001). Los Derechos Humanos de la Niñez con Discapacidad en Costa Rica. Recuperado desde
Los niños(as) y/o adolescentes al igual que las personas con discapacidad han tenido que luchar para posicionarse como seres dignos y que merecen respeto dentro de la sociedad. Muchas veces los adultos no respetan a los niños(as) y toman decisiones en beneficio del adulto y no del niño(a), esta misma situación se presenta en las personas con discapacidad. Es tan difícil para nosotros aceptar las diferencias y aprender a empatizar con las personas, por lo que muchas veces prima la decisión del adulto y lo que nos resulte más fácil y más conocido que implique menos desgaste que lo que realmente necesita la otra persona. Pienso que todos y todas debemos luchar por evitar esto y buscar un punto medio en donde se logre crear un equilibrio y respetar a todas las personas sin distinción alguna.
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